El gobierno de Uruguay tendrá que dar explicaciones por el puerto chino

El Parlamento de ese país no fue notificado de la construcción de una base de operaciones para 500 barcos en Punta Yeguas que promueve el Ejecutivo y ahora los legisladores interpelarán a ministros y piden informes. Se estaría violando la Constitución, afirman desde la oposición.

Con la aprobación del Decreto 54/19 el gobierno de Tabaré Vázquez allanó el camino para que el megapuerto del grupo chino Shandong Boama Fishery se instale en Punta Yeguas, al extender la jurisdicción del Puerto de Montevideo, evitando el tratamiento en el Parlamento. Ahora legisladores de la oposición llamarán a los ministros de Agroindustria y Transporte para que den explicaciones. Consideran que se ha vulnerado la Constitución uruguaya al no poner a consideración del Legislativo la aprobación de lo que estiman un nuevo puerto. Alertan a la vez sobre los problemas en la relación diplomática con la Argentina que podría el emprendimiento podría traer aparejados por estar involucrados cientos de barcos chinos que operan en el Atlántico Sur. Por otra parte, el senador Juan Amorín Batlle, del Partido Colorado, formuló un pedido de informes a cuatro ministerios.

Si bien tomó estado público en las últimas semanas, fue a mediados de febrero que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aprobó el Decreto 54/19 que amplió la zona de influencia portuaria del Puerto de Montevideo hasta Punta Yeguas.

En el documento público se afirma que para ampliar el desarrollo del Puerto es necesario “incentivar en el futuro el desarrollo de proyectos portuarios”. El proyecto en cuestión es el megapuerto del grupo chino Shandong Boama Fishery, una base de operaciones para 500 barcos asiáticos que contará con un astillero, un centro de abastecimiento, una planta de depósito y congelado, incluyendo además una zona franca (Ver China está cerca de tener su puerto uruguayo).

La decisión de dar vía libre a la construcción del puerto ya estaba tomada y era festejada por el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz Acosta, según el mismo le expresara a este medio en noviembre pasado. Fue precisamente a pedido de este organismo que se firmó el decreto en cuestión (Ver Pesca INDNR: “Nosotros no limitamos el ingreso de barcos”).

Ahora, ante la inminente construcción de la base de operaciones chinas, legisladores de la oposición llamarán a los ministros Víctor Rossi, de Transporte y Obras Públicas, y Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca para que den explicaciones ante la Legislatura uruguaya sobre la instalación de una base de operaciones en Punta Yeguas, “para terminar con el secretismo”, según publicó el Diario El País.

En declaraciones a ese medio, el legislador Juan José Olaizola señaló: “Estamos preocupados por la solicitud de la Administración Nacional de Puertos (ANP) del área portuaria. En 2016 por primera vez se habló en la prensa de la posibilidad de concretar este puerto pesquero. En ese entonces pedimos informes a la ANP sobre esto, pero nunca se nos contestó”.

A la vez, recordó el legislador que la ANP había decidido invertir más de 100 millones de dólares en un puerto pesquero en la bahía de Montevideo, en la zona de Capurro y que en 2018 se lanzó un plan maestro donde no figura la instalación de este puerto en Punta Yeguas. Los legisladores consideran que se trata de un puerto nuevo y que no puede quedar su instalación salvaguardada únicamente por la extensión de dominio del puerto de Montevideo como pretenden desde la ANP.

Desde la Fundación OceanoSanos ya habían denunciado que con este decreto se estaba burlando la Constitución. “La decisión del Poder Ejecutivo de Uruguay de ampliar la jurisdicción del Puerto de Montevideo, se hace a medida de la flota pesquera china. Debido a que según la Constitución de Uruguay, la construcción de un nuevo puerto requiere aprobación de dos tercios del Parlamento”, señaló Milko Schvartzman en declaraciones a REVISTA PUERTO.

Ahora en igual sentido se expresó ante el principal medio de comunicación uruguayo el legislador Olaizola: “Es un puerto nuevo, un puerto privado. Va a haber servicios, un astillero, zonas de frío con régimen de zona franca. El Parlamento no tiene ninguna información sobre esta obra y se está obviando por vía oblicua el artículo 85 de la Constitución”.

Por su parte el legislador Alejo Umpiérrez se refirió a las consecuencias en las relaciones con nuestro país que podría generar la construcción de una base de operaciones chinas en territorio uruguayo: “Esto puede causar problemas de relacionamiento institucional con países vecinos. Argentina ha detenido más de 70 barcos asiáticos por pesca ilegal en su zona económica”, declaró.

Umpiérrez reconoció que “China es el líder de la pesca ilegal en el mundo. Depredó el Mar de China y ha salido al mundo con una flota de 3.000 barcos. Solamente en esta zona tiene 500 barcos operando”. Lamentablemente, el legislador uruguayo está más preocupado por el impacto que la instalación de un puerto chino en Montevideo pueda generar a la industria pesquera argentina que nuestros propios funcionarios y políticos.

Quien también se mostró preocupado por el impacto que podría generar la instalación del puerto del Grupo Shandong Boama Fishery en la proliferación de barcos chinos en el Atlántico Sur y su consecuencias en la sobreexplotación de los recursos, la contaminación y la pesca Ilegal, fue el senador Juan Amorín Batlle.

El senador del Partido Colorado “realizó un pedido de informes preguntando a cuatro ministerios para saber detalles sobre la instalación del puerto chino en Uruguay y de la negociación detrás de la misma”, informaron desde OceanoSanos tras mantener un encuentro con el legislador.

Ahora resta saber si en la Argentina la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzarán a darle la importancia que reviste el tema o seguirán siendo los convidados de piedra.


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