Devolución de cuota de merluza: “Para nosotros fue un cachetazo”

Doble vara. Usan a los trabajadores para llenar sus discursos y luego promueven el desempleo en el sector pesquero.

Fernando Mellino, presidente de CAFREXPORT, la cámara que nuclea a los procesadores, habló con REVISTA PUERTO sobre la sorpresa que generó la renovación de la resolución que permite devolver merluza sin penalizar, violando el régimen de cuotas. También planteó las consecuencias del posible cierre del laboratorio del SENASA para el sector industrial.

“Argentina tiene una enorme cantidad de recursos, pero sin dudas, lo más valioso en el talento de nuestros trabajadores. La unión entre el sector público y el privado es la muestra de que podemos concretar todos los proyectos que nos proponemos desde la agroindustria”, dijo el ministro de Agroindustria Luis María Etchevehere en Mar del Plata, en la botadura del barco Acrux en Astillero Contessi. Al mismo tiempo se publicaba la Resolución que permite a los tenedores de cuota de merluza devolver sin penalización el porcentaje no explotado, en contradicción con el régimen de administración por cuotas, generando un grave perjuicio a los trabajadores de plantas procesadoras de pescado. Fernando Mellino, presidente de CAFREXPORT, habló sobre este tema, los reintegros y el inminente cierre del laboratorio del SENASA.

El jueves por la tarde, mientras el Ministro de Agroindustria daba un discurso y el secretario Guillermo Bernaudo se sacaba fotos para Twitter, los obreros del pescado y los propietarios de plantas procesadoras se anoticiaban de que, por séptimo año consecutivo, se violentaría el Régimen de Administración por Cuotas Individuales y Transferibles de merluza al no penalizarse la devolución de las toneladas que los armadores no va a pescar, en este caso por haber elegido explotar el langostino, más rentable y sin costos de procesamiento para muchos. La medida genera una profundización de la crisis que atraviesa el sector productivo marplatense y pone en riesgo puestos de trabajo en tierra que hasta hoy sobreviven, en muchos casos, con un garantizado.

El subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, se había comprometido ante la dirigente del SOIP, Cristina Ledesma, a hacer cumplir el régimen de cuotas y de esta forma garantizar el aprovisionamiento de materia prima a las plantas que hoy mantienen a su personal con una garantía horaria que ha desmejorado mucho la calidad de vida de los obreros. Ese mismo compromiso, de palabra, claro, lo había asumido con los industriales del sector.

Fernando Mellino, presidente de CAFREXPORT señaló al respecto: “Para nosotros, al igual que para la dirigente del SOIP, fue un cachetazo. Quienes procesamos en tierra necesitamos que más barcos pesquen merluza, nosotros creímos que iban a tener una penalización aquellos que habían decidido pescar langostino y no consumir su cuota, teníamos la palabra de Bosch, si bien no era un compromiso formal era lo que nos había dicho que se haría. No entendemos qué pasó, esa medida nos iba a ayudar, lo que se terminó haciendo desalienta la captura de merluza”.

La explotación de la merluza desde el año 2009 se rige por el régimen de cuotificación, que estableció una serie de criterios por los cuales las empresas pudieron acceder a un porcentaje anual de la captura máxima. La historia de captura, las inversiones y la generación de mano de obra fueron los principales párametros utilizados para la distribución. Para poder mantener esa cuota las empresas se comprometieron a explotar el 100% y a perder el porcentaje que no utilizaran por dos años consecutivos; pero a partir de una resolución transitoria del año 2012 se está en franco incumplimiento de la reglamentación.

Para Mellino “el cumplimiento del régimen de cuotificación se abandonó hace mucho tiempo, se debe consumir el 60% de la cuota en el primer semestre y el 40% en el segundo semestre, eso ya no se cumple, en un principio se dictó una resolución para solucionar los problemas que había generado un paro, pero ahora no se sabe por qué lo permiten, no existe en la Resolución 10 nada que lo justifique”.

Los procesadores nucleados en CAFREXPORT no han recibido ningún tipo de explicación sobre la medida adoptada y pidieron una audiencia con el Consejo Federal Pesquero, que les fue concedida recién para el 6 de septiembre. “Les plantearemos el problema que esta decisión que tomaron genera, porque aunque la cuota de merluza no fuera toda a los congeladores y la tomaran fresqueros, tampoco nos sirve porque para mantener la planta necesitamos pesca regular”, indica el empresario.

La Resolución 10, al igual que las de años anteriores, permite a los tenedores de cuota devolver el porcentaje que no utilizarán durante el año sin que se aplique el artículo 13 del régimen de cuotas, por el cual son penalizados con la quita de una parte proporcional de la cuota no utilizada. Con este método, las toneladas que no captura la flota se ponen a disposición de la Administración para su redistribución, que en los últimos años fue mayoritariamente utilizada por barcos congeladores. Pero si de todas formas se adjudicara solo a fresqueros, señala Fernando Mellino, tampoco sería una solución.

“Que durante tres meses se pesque toda la merluza junta no es bueno para nadie, no es bueno para los trabajadores porque nadie va a tomar más gente por tres meses que luego tendrá que mantener todo el año sin producción, no es bueno para la planta y ni siquiera es bueno para los dueños de barcos, porque esta situación baja el precio de la materia prima”, señaló.

El otro tema que afecta a las plantas de procesamiento es la caída de los reintegros, que desde el 10 de agosto pasaron del 9,5 al 5,5 por ciento. Es otro golpe para los procesadores, quienes aseguran que para aquellos que hacen merluza el margen de rentabilidad es muy chico y cualquier variable los lleva a trabajar a pérdida; y así se lo han hecho saber a las autoridades.

Pero los problemas para el sector procesador no terminan aquí, el SENASA está pasando un momento muy complicado, de reestructuración que pone en peligro la continuidad del laboratorio en Mar del Plata, con lo cual deberán enviar las muestras a Buenos Aires, incluso ya hay análisis que no se hacen. Fernando Mellino indica que esto dificulta la logística, aumenta los costos y es además una medida que complica a todo el sector pesquero: “Haremos gestiones desde la cámara para tratar de evitar que se cierre el laboratorio, los análisis se cobran pero el problema es que ese dinero se centraliza y no vuelve a esta dependencia. Se exportan dos mil millones de dólares, tres veces más de lo que exporta la carne, no se puede creer que tomen este tipo de medidas que son muy malas para el sector pesquero, sobre todo cuando el costo que puede representar para el Estado mantener el laboratorio operativo no puede implicar un gasto importante”.

En el último tiempo el ministro Etchevehere comenzó a tener una mayor presencia en el sector pesquero, al que había dejado relegado desde su asunción; pero las medidas que impulsa el Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero van a contramano de los guarismos que entusiasman al funcionario. Las cifras millonarias de exportación solo sirven para la presentación de estadísticas si se logran administrando de forma irresponsable los recursos y dejando trabajadores en la calle.

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